Politicas de inclusion social en Euskadi

Podemos lo ha propuesto en su programa económico. Inmediatamente se ha desatado la polémica. ¿Sería posible la implantación de una Renta Básica Universal para los ciudadanos desfavorecidos, en todo el Estado? Les han acusado de soñadores. ¿Son estas críticas justas? En Euskadi, la Renta Básica Universal, es una realidad desde hace veinticinco años. La implantación de este sistema es un tema de recursos. Cierto. Pero sobre todo es una cuestión de voluntad política y de asunción de proposiciones profundas sobre la distribución de la riqueza.

En 1989, con el lehendakari Ardanza presidiendo el Gobierno Vasco, las administraciones vascas realizaron un proceso de debate sobre la puesta en marcha de un sistema público que ayudase a prevenir la exclusión social. Se trataba de un principio de redistribución de renta y de justicia social que presentaba unas problematicas importantes para su puesta en marcha tanto a nivel político como técnico.

Tras meses de trabajo, se puso en marcha el primer sistema de garantía de ingresos del Estado, que se llamó Plan de Lucha contra la Pobreza (1989). Este plan inicial, fue perfeccionándose paulatinamente hasta convertirse la Ley contra la Exclusión Social de 1998, y finalmente se convertiría en la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social de 2008, con el lehendakari Ibarretxe presidiendo el Gobierno.

El mecanismo de inclusión social, se llamó inicialmente Ingreso Mínimo Familiar (IMF) pasando posteriormente a llamarse Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), y Renta Básica (RB), para acabar finalmente adoptando la actual denominación de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

La lucha contra la pobreza y la exclusión social siempre ha estado presente en las políticas sociales vascas de los últimos veinticinco años, y su efecto sobre la sociedad es evidente, cuando se comparan los indices de pobreza y exclusion de la Comunidada Autónoma Vasca y de otras zonas.

La RGI es una renta periódica, vinculada a la búsqueda activa de empleo, razón por la que lo gestiona el servicio vasco de empleo Lanbide. Permite obtener, a las personas en riesgo de exclusión social, una renta que oscila entre el 81% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 120% del SMI, en virtud del número de personas dependientes de la unidad convivencial. Una renta, como decíamos, vinculada a la búsqueda activa de empleo y que se puede perder en caso de rechazar un empleo que le sea ofrecido a su perceptor. Un tercio de los actuales perceptores de esta renta, pertenecen hoy en día, a colectivos de difícil inserción en la vida laboral. La RGI exige un periodo mínimo de empadronamiento de tres años.

Este derecho subjetivo reconocido en Euskadi, viene complementado con otro derecho contemplado en el Plan de Lucha contra la Pobreza, y que plantea la necesidad de abrir un abaníco de ayudas para cubrir necesidades de vivienda de la población. Estas ayudas permiten complementos para el  pago de hipotecas, de alquileres o para la prevención de la pobreza energética, mediante ayudas al consumo de energía. Este complemente se denomina Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Este complemento, compatible, por tanto con la RGI, alcanza un importe de 250 Euros mensuales.

Finalmente, el sistema de Inclusión social vasco, contempla las llamadas Ayudas de Emergencia Social (AES) que son prestaciones puntuales a personas con dificultades, y que se conceden en función de una valoración  que realizan los trabajadores sociales, que certifican la existencia de una situación de necesidad. Estas ayudas tienen la consideración de herramienta preventiva de la exclusión social, y se gestionan desde los ayuntamientos. Pueden estar destinadas a pagos de arrendamientos, coarrendamientos, subarriendos, hospedajes, pupilajes, mantenimiento de vivienda, necesidades primarias y extrema necesidad.

El mapa vasco de Prevención de la Pobreza y de la exclusión social se vería completado por la Ayudas de Garantía de Ingresos (AGI) que es una variante de la RGI, con seis meses de empadronamiento, que se otorga en Gipuzkoa y que no comentamos por su similitud. Finalmente estarían los complementos forales, que las diputaciones conceden a colectivos vulnerables, como viudas y pensionistas y que pueden ayudar a complementar sus rentas hasta con doscientos euros al mes.

Esta realidad de los servicios sociales en Euskadi, se ha visto salpicada por las polémicas suscitadas por el Alcalde de Vitoria-Gasteiz, y por algunas irregularidades detectadas en los pagos de RGI que han producido una oleada de cartas exigiendo la devolución de ayudas erroneamente pagadas o devoluciones de cobros indebidos. Todo ello, ha ayudadado a poner bajo sospecha esta herramienta fundamental de la redistribución de la renta y de la justicia social, que previene la aparición de dos realidades, una rica y otra pobre, dentro de nuestra sociedad, ya de por si castigada por la desigualdad por la crisis económica.

Lo primero que hay que decir es que cualquier irregularidad o problema que pueda dar este sistema, habrá de corregirse, pero no debe usarse para reivindicar su desaparición, en el nombre de no se que insensateces neoliberales. La economía, al igual que los demás dominios sociales, debe de estar presidida por el principio de servicio al ser humano, a los ciudadanos. El bien común debe presidir toda la acción gubernamental y en el desarrollo de ese principio, las políticas de distribución de renta y de justicia social son básicas. Ese avanzar juntos del lehendakari Urkullu, no puede ser, y de hecho no es en Euskadi, una frase retórica. Y en reconocimiento justo hay que decir que no lo fue para los lehendakaris que le precedieron y que siempre estuvieron comprometidos con estos principios. Si hay abusos persíganse. Si hay errores corríganse.

En segundo lugar me parece importante señalar que esta herramienta social sirve para lo que esta diseñada, para prevenir la exclusión social. Lo digo porque he discutido con varios ciuadadanos sobre una caracteristica de la RGI que es interpretada como una discriminación. Un jóven de origen extranjero que cumpla los diversos  requisitos de la RGI,  puede percibirla ya que el sistema no puede asignarlo a una unidad convivencial existente. Para un jóven de la Comunidad Autónoma esta posibilidad no existe ya que  al estar asignado a una familia no se le reconoce este derecho a percibir la prestación. Personalmente comprendo el malestar que esta situación puede producir, pero creo que el objetivo de una política de prevención de la exclusión no puede mezclarse con las necesidades de emancipación, cuya reivindicación por nuestros jóvenes considero justa y legítima, y que seguramente necesitan de la creación de una herramienta específica para facilitarla.¿No es posible?. También lo dicen por ahí de la RGI. Miremos a Europa, allí hay buenos ejemplos. Nuestros jóvenes lo agradecerán y nuestra sociedad también.

                                                                                           Donostia Diciembre 2014

                                                                                                              IZ